I. El “Acuerdo con el sistema universitario público por Andalucía”, firmado en Sevilla el
19 de junio de 2013 por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la
Junta de Andalucía y las diez Universidades Públicas Andaluzas, en principio es
saludado por la Asamblea de la UJA:
a) Porque supone el reconocimiento por parte de los máximos responsables
políticos y universitarios de la grave situación financiera de la universidad pública
andaluza. Y, en consecuencia, manifiesta la necesidad de una reacción institucional
urgente.
b) Porque reivindica el importante valor que para la sociedad andaluza ha
tenido el disfrute de un sólido sistema universitario en las últimas dos décadas. Y, por
ende, sitúa atinadamente su sostenimiento como instrumento estratégico de la Junta
de Andalucía en las políticas de amortiguación del impacto social de la crisis económica
y como eje fundamental de salida a la misma.
c) Y, también, porque explicita el compromiso con los fundamentos del actual
sistema universitario público: el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a
la educación superior, la firme apuesta por la investigación o la estabilización del
personal universitario.
II. Ahora bien, la Asamblea estima que el análisis de la incierta coyuntura que zarandea
el sistema público universitario andaluz dista de ser preciso y exhibe un nítido talante
ideologizado:
a) Al achacar a la crisis económica la responsabilidad de la difícil situación del
sistema universitario público andaluz, sin detenerse en las causas que exponen al
mismo a los vaivenes económicos y presupuestarios, se ocultan los errores de gestión
y diseño que han generado la actual situación de debilidad de las universidades
públicas andaluzas.
b) Al ignorar que la apuesta por la privatización de la universidad pública (vía
financiación de la privatización al promover el paulatino traslado del coste de los
estudios universitarios del estado a las familias; o al externalizar la oferta de estudios
de posgrado a través de la financiación de agentes externos al sistema educativo –
bancos, empresas, multinacionales, etc.-) y del sistema de producción de ciencia (al
perseguir, con escaso éxito incluso en épocas de bonanza económica, la financiación
privada de la producción del conocimiento), apenas disimulada tras el espíritu
modernizador del denominado proceso de Bolonia, puso parte del sostenimiento del
sistema universitario en manos de la financiación y los intereses privados. Flujos de
inversión de origen particular que en años de vacas flacas se retiran a lugares más
rentables.
c) Al ocultar que algunos de los desequilibrios de diseño del sistema
universitario andaluz (un aparato burocrático sobredimensionado, un mapa de
titulaciones poco especializado, la mixtificación entre campus y ladrillazo, etc.) se
hallan estrechamente vinculados a la gestión de los equipos de gobierno de las
distintas universidades, cuando no a la injerencia de intereses extraños a la
universidad. Rutilante prueba de esto, la decisión del Gobierno de la Junta de
Andalucía, con la connivencia de los rectores, de implantar el grado de Medicina en
tres universidades más de la comunidad.
d) Al despreciar el coste a pagar por la transmutación economicista de la
universidad. La conversión de la universidad en epicentro de la actividad económica y,
por ende, en eje de crecimiento económico, ha significado su subordinación funcional
y simbólica -a través del ideologema del emprendimiento- a la iniciativa privada y a
particulares intereses mercantiles. Por esta senda, el desacople entre los tiempos de la
producción y transmisión del conocimiento y la tecnología y los requerimientos
perentorios de la atascada economía andaluza y española, abrió una vía de
deslegitimación social en la institución.
e) Por último al cargar todo el acento de los males de la universidad en la
coyuntura económica, se ignora el componente político de la erosión del sistema
universitario andaluz: pues la asfixia presupuestaria de la Comunidad Autónoma
Andaluza, y con ella de todo el sector educativo, viene en gran medida provocada por
el injusto tratamiento fiscal de la política territorial del Gobierno del Reino de España.
III. A tenor de esto, la Asamblea, reconociendo la oportunidad de la iniciativa,
desestima el espíritu y la mayor parte del contenido de un acuerdo más atento a
intereses empresariales que a la defensa de la universidad pública:
E insta a que los Rectores de las universidades y el gobierno andaluz
emprendan, desde el compromiso con la función social de la universidad europea y
desde la toma de conciencia del atasco estructural del modelo económico de la
globalización, la reorientación del modelo neoliberal de universidad surgido de
“Bolonia”, culpable principal del atolladero ontológico y material en que se encuentra
hoy el sistema universitario público.
Asimismo, ante la naturaleza mercantilista del acuerdo suscrito, la Asamblea de
la Universidad de Jaén realiza un llamamiento a la movilización de la comunidad
universitaria en defensa del sistema público universitario.
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