El malestar del profesorado en la UJA

La interpretación y aplicación del R.D. Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo en la Universidad de Jaén se tradujo en la suspensión temporal de 50 contratos de profesor asociado y en la no renovación de 59 contratos de profesor contratado interino a finales del curso 2011/2012 (datos del Consejo de Gobierno de 31 de julio de 2012). La ampliación de la carga docente de 24 a 32 créditos de dedicación redujo la necesidad de personal docente de acuerdo con los recortes presupuestarios impuestos por el Gobierno.

Sin embargo, aunque entendemos que este esfuerzo se vea compensado en términos económicos, nos tememos que estas y otras medidas de ajuste presupuestario (por ejemplo, subida de tasas de matrícula y reducción de becas, aunque ha de reconocerse el esfuerzo de la Junta de Andalucía para mitigar los efectos de la primera) están instaurando las condiciones que se ponen como excusa para justificar la privatización de la universidad pública y son, desde nuestro punto de vista, las que afectan al capital humano que sostiene nuestra universidad. Entre otras,

• La fragmentación entre los colectivos laboral y funcionario del profesorado que, al margen de la casuística de cada área o departamento, asumen la misma carga de trabajo (o incluso más, en el caso del personal laboral) sin tener las mismas condiciones laborales ni el mismo reconocimiento. Especialmente malévola es la oportunidad que tiene el colectivo del personal laboral de someterse a la evaluación de la actividad investigadora (sexenios), que ahora constituye la vara de medir para asignar la carga docente, sin percibir remuneración económica alguna en caso de superar las evaluaciones.
  
  
• El reajuste de las condiciones en la que se imparten las clases provocadas por el reajuste en la plantilla. Por ejemplo, reestructuración o eliminación de grupos de prácticas, o la imposición de asumir nueva docencia en función de las necesidades que puedan ir surgiendo. Es inevitable que la calidad de la enseñanza del modelo Bolonia se vea afectada y que el objetivo de mejorar las universidades devenga en una quimera.
  
  
• Pero, sobre todo, el cambio en las reglas del juego provoca un perverso efecto, la desmotivación y desmoralización general de la plantilla: la incertidumbre respecto a la carga de trabajo, las limitaciones presupuestarias en investigación, el sometimiento continuo a evaluaciones y a cambios en el nivel de exigencia, el desequilibrio entre la promoción del profesorado funcionario y la estabilización del profesorado laboral, la impotencia ante el alumnado que debe abandonar sus estudios por motivos económicos (se estima que en torno a un centenar este curso, según datos de la prensa local), etc. son variables psicosociales que se pueden medir y evaluar, a las que no se les están dando importancia, y que son determinantes en el bienestar y el buen hacer de la plantilla y, por tanto, en la buena marcha de la universidad (esto es, de la calidad y excelencia de las que tanto se hablan). Con demasiada frecuencia se nos olvida que detrás de los números hay personas.

En definitiva, esta Asamblea considera que una política universitaria centrada en el modelo neoliberal y que se limita a aplicar las reformas impuestas por el gobierno central, las cuales son asumidas de manera más o menos explícita por el propio gobierno andaluz (véase por ejemplo, el Acuerdo con el sistema público por Andalucía, firmado el pasado 19 de junio), sin cuestionarlas, está faltando a su función de ejercer y promover un pensamiento crítico, tan necesario en estos tiempos, y por tanto de constituir un instrumento real de transformación y progreso social.

Por todo ello, esta Asamblea insta al equipo de gobierno de esta universidad a que reoriente su política hacia un nuevo modelo que recupere las auténticas funciones de la universidad pública (que ningún estudiante debería tener que abandonar por razones económicas), una política en la que el capital humano de esta universidad sea protagonista y que contribuya a la (re)construcción de un entorno social, democrático, equitativo, igualitario y sostenible. La “hoja de ruta” anunciada por el secretario general de Universidades (La Vanguardia, 11 de julio de 2013) que pretende iniciar el camino para la transformación de las universidades constituye el próximo reto. Reaccionemos. Todos.

Valoración por la "Asamblea de la Universidad de Jaén por una Universidad Pública” del “Acuerdo con el Sistema Universitario Público por Andalucía”

I. El “Acuerdo con el sistema universitario público por Andalucía”, firmado en Sevilla el 19 de junio de 2013 por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía y las diez Universidades Públicas Andaluzas, en principio es saludado por la Asamblea de la UJA:

    a) Porque supone el reconocimiento por parte de los máximos responsables políticos y universitarios de la grave situación financiera de la universidad pública andaluza. Y, en consecuencia, manifiesta la necesidad de una reacción institucional urgente.

     b) Porque reivindica el importante valor que para la sociedad andaluza ha tenido el disfrute de un sólido sistema universitario en las últimas dos décadas. Y, por ende, sitúa atinadamente su sostenimiento como instrumento estratégico de la Junta de Andalucía en las políticas de amortiguación del impacto social de la crisis económica y como eje fundamental de salida a la misma.

     c) Y, también, porque explicita el compromiso con los fundamentos del actual sistema universitario público: el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior, la firme apuesta por la investigación o la estabilización del personal universitario.

II. Ahora bien, la Asamblea estima que el análisis de la incierta coyuntura que zarandea el sistema público universitario andaluz dista de ser preciso y exhibe un nítido talante ideologizado:

     a) Al achacar a la crisis económica la responsabilidad de la difícil situación del sistema universitario público andaluz, sin detenerse en las causas que exponen al mismo a los vaivenes económicos y presupuestarios, se ocultan los errores de gestión y diseño que han generado la actual situación de debilidad de las universidades públicas andaluzas.

     b) Al ignorar que la apuesta por la privatización de la universidad pública (vía financiación de la privatización al promover el paulatino traslado del coste de los estudios universitarios del estado a las familias; o al externalizar la oferta de estudios de posgrado a través de la financiación de agentes externos al sistema educativo – bancos, empresas, multinacionales, etc.-) y del sistema de producción de ciencia (al perseguir, con escaso éxito incluso en épocas de bonanza económica, la financiación privada de la producción del conocimiento), apenas disimulada tras el espíritu modernizador del denominado proceso de Bolonia, puso parte del sostenimiento del sistema universitario en manos de la financiación y los intereses privados. Flujos de inversión de origen particular que en años de vacas flacas se retiran a lugares más rentables.

     c) Al ocultar que algunos de los desequilibrios de diseño del sistema universitario andaluz (un aparato burocrático sobredimensionado, un mapa de titulaciones poco especializado, la mixtificación entre campus y ladrillazo, etc.) se hallan estrechamente vinculados a la gestión de los equipos de gobierno de las distintas universidades, cuando no a la injerencia de intereses extraños a la universidad. Rutilante prueba de esto, la decisión del Gobierno de la Junta de Andalucía, con la connivencia de los rectores, de implantar el grado de Medicina en tres universidades más de la comunidad.

     d) Al despreciar el coste a pagar por la transmutación economicista de la universidad. La conversión de la universidad en epicentro de la actividad económica y, por ende, en eje de crecimiento económico, ha significado su subordinación funcional y simbólica -a través del ideologema del emprendimiento- a la iniciativa privada y a particulares intereses mercantiles. Por esta senda, el desacople entre los tiempos de la producción y transmisión del conocimiento y la tecnología y los requerimientos perentorios de la atascada economía andaluza y española, abrió una vía de deslegitimación social en la institución.

    e) Por último al cargar todo el acento de los males de la universidad en la coyuntura económica, se ignora el componente político de la erosión del sistema universitario andaluz: pues la asfixia presupuestaria de la Comunidad Autónoma Andaluza, y con ella de todo el sector educativo, viene en gran medida provocada por el injusto tratamiento fiscal de la política territorial del Gobierno del Reino de España.

III. A tenor de esto, la Asamblea, reconociendo la oportunidad de la iniciativa, desestima el espíritu y la mayor parte del contenido de un acuerdo más atento a intereses empresariales que a la defensa de la universidad pública:

    E insta a que los Rectores de las universidades y el gobierno andaluz emprendan, desde el compromiso con la función social de la universidad europea y desde la toma de conciencia del atasco estructural del modelo económico de la globalización, la reorientación del modelo neoliberal de universidad surgido de “Bolonia”, culpable principal del atolladero ontológico y material en que se encuentra hoy el sistema universitario público.

    Asimismo, ante la naturaleza mercantilista del acuerdo suscrito, la Asamblea de la Universidad de Jaén realiza un llamamiento a la movilización de la comunidad universitaria en defensa del sistema público universitario.

Del polígono al valle