I JORNADAS: "La Universidad pública en cuestión. La Universidad pública a debate" UJA - 7 y 8 noviembre 2013

Hace ya unos meses miembros de la Universidad de Jaén pertenecientes a diferentes sectores, preocupados por la situación de la universidad pública y por las posibles consecuencias de las nuevas directrices políticas en materia educativa, constituimos la Asamblea de la Universidad de Jaén por una universidad pública con la vocación crítica de debatir, analizar, sensibilizar y actuar en defensa de lo que entendemos un modelo de universidad pública. Desde entonces dicha plataforma deja oír su voz a través de actividades e iniciativas diversas y conforma un espacio abierto a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto donde expresar y confrontar ideas, inquietudes y expectativas sobre la crucial situación actual de la universidad y su futuro. Desde este espíritu planteamos estas jornadas abiertas de reflexión y debate donde valorar los efectos que la actual crisis económica está teniendo en la institución universitaria, y el impacto de los modelos de reestructuración de la educación superior que se atisban en las directrices de las actuales políticas educativas.

Programa

Jueves 7 noviembre - mañana: aula 26, edificio A4

9:30. Conferencias inaugurales

¿En qué sociedad estamos? ¿Qué universidad queremos?

• Presentación: Francisco Acosta
• Julio Carabaña Morales, Sociólogo
• Mariola Urrea Corrés, Profesora de Derecho Internacional Público, ponente del voto particular al informe Wert (Univ. La Rioja)

11:30. Mesa Redonda

Desde el Informe de Expertos a nuevos modelos de Universidad

• Coordinación: Tomás Alberich
• Jorge Casillas Barranquero, Profesor en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial (Univ. de Granada)
• Juan Hernández Armenteros, Profesor de Economía Aplicada (Univ. de Jaén)
• Vicente Manzano Arrondo, Profesor de Metodología de las Ciencias del Comportamiento (Univ. de Sevilla)

Jueves 7 noviembre - tarde: salón de grados, edificio D1

17:30. Mesa Redonda

Las respuestas de la universidad: experiencias, estrategias y propuestas

• Coordinación: Delia Langa
• Jorge Casillas Barranquero, Profesor en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial (Asamblea de la Univ. de Granada)
• Héctor Grad Fuchsel, Profesor de Antropología Social (Plataforma de trabajadores de la Univ. Autónoma de Madrid y de la Coordinadora de Cantoblanco en Defensa de los Servicios Públicos)
• Inmaculada Rodríguez Cunill, Profesora de Bellas Artes (Asociación de docentes e investigadores de la Universidad de Sevilla, Adius)
• Agustín Coca Pérez, Profesor de Antropología Social (miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores de la Univ. Pablo Olavide de Sevilla)
• José Manuel Rodríguez Victoriano, Profesor de Sociología (Univ. de Valencia)
• Fernando Ángel Moreno, Profesor de Literatura (Asamblea de la Univ. Complutense de Madrid)
• Antonio Sánchez, alumno de máster de Filosofía (Asamblea de la Univ. Complutense de Madrid)
• Manuel Melguizo, profesor de Química (Asamblea de la Univ. de Jaén por una universidad pública)

Viernes 8 de noviembre - salón de grados, edificio D1

10:00. Mesa redonda

Miradas desde la Universidad de Jaén

• Coordinación: Sergio Ariza 
• representantes de los órganos de representación de los trabajadores
• de la Univ. de Jaén (Personal de Administración y Servicios y Personal Docente e Investigador)
• representante del equipo de gobierno de la Univ. de Jaén 
• representantes de los estudiantes de la Univ. de Jaén (Consejo de Estudiantes y asambleas) 
• representante de la Asamblea de la Univ. de Jaén por una universidad pública

Valoración de la inauguración curso académico 2013-14

La Asamblea de la Universidad de Jaén: en defensa de la Universidad Pública expone, mediante el presente comunicado, su valoración de la inauguración del curso académico en la Universidad de Jaén.

Queremos expresar nuestro desacuerdo por la presencia de la policía nacional en el campus. No solo por considerarlo innecesario, sino porque su presencia y la forma en que los agentes fueron distribuidos ante el aula magna y en la plaza no solo expresaron la voluntad de ocupar de un modo coactivo el espacio común, sino que separaron a quienes participaban en la comitiva académica y en el acto de inauguración de quienes se manifestaban en el exterior, potenciando unos canales de expresión e intentando anular otros, cuando todos ellos son legítimos en una convivencia participativa.

Tal situación no hubiera sido posible sin la aquiescencia del rector, ya que la presencia de cualquier cuerpo policial dentro del recinto del campus necesita su permiso explícito, por lo que sobre él recae la responsabilidad de esa deleznable situación.

Por todo ello, reclamamos a nuestro equipo de gobierno un mayor compromiso por el fortalecimiento de los usos democráticos en la comunidad universitaria.

Jaén, octubre de 2013

El malestar del profesorado en la UJA

La interpretación y aplicación del R.D. Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo en la Universidad de Jaén se tradujo en la suspensión temporal de 50 contratos de profesor asociado y en la no renovación de 59 contratos de profesor contratado interino a finales del curso 2011/2012 (datos del Consejo de Gobierno de 31 de julio de 2012). La ampliación de la carga docente de 24 a 32 créditos de dedicación redujo la necesidad de personal docente de acuerdo con los recortes presupuestarios impuestos por el Gobierno.

Sin embargo, aunque entendemos que este esfuerzo se vea compensado en términos económicos, nos tememos que estas y otras medidas de ajuste presupuestario (por ejemplo, subida de tasas de matrícula y reducción de becas, aunque ha de reconocerse el esfuerzo de la Junta de Andalucía para mitigar los efectos de la primera) están instaurando las condiciones que se ponen como excusa para justificar la privatización de la universidad pública y son, desde nuestro punto de vista, las que afectan al capital humano que sostiene nuestra universidad. Entre otras,

• La fragmentación entre los colectivos laboral y funcionario del profesorado que, al margen de la casuística de cada área o departamento, asumen la misma carga de trabajo (o incluso más, en el caso del personal laboral) sin tener las mismas condiciones laborales ni el mismo reconocimiento. Especialmente malévola es la oportunidad que tiene el colectivo del personal laboral de someterse a la evaluación de la actividad investigadora (sexenios), que ahora constituye la vara de medir para asignar la carga docente, sin percibir remuneración económica alguna en caso de superar las evaluaciones.
  
  
• El reajuste de las condiciones en la que se imparten las clases provocadas por el reajuste en la plantilla. Por ejemplo, reestructuración o eliminación de grupos de prácticas, o la imposición de asumir nueva docencia en función de las necesidades que puedan ir surgiendo. Es inevitable que la calidad de la enseñanza del modelo Bolonia se vea afectada y que el objetivo de mejorar las universidades devenga en una quimera.
  
  
• Pero, sobre todo, el cambio en las reglas del juego provoca un perverso efecto, la desmotivación y desmoralización general de la plantilla: la incertidumbre respecto a la carga de trabajo, las limitaciones presupuestarias en investigación, el sometimiento continuo a evaluaciones y a cambios en el nivel de exigencia, el desequilibrio entre la promoción del profesorado funcionario y la estabilización del profesorado laboral, la impotencia ante el alumnado que debe abandonar sus estudios por motivos económicos (se estima que en torno a un centenar este curso, según datos de la prensa local), etc. son variables psicosociales que se pueden medir y evaluar, a las que no se les están dando importancia, y que son determinantes en el bienestar y el buen hacer de la plantilla y, por tanto, en la buena marcha de la universidad (esto es, de la calidad y excelencia de las que tanto se hablan). Con demasiada frecuencia se nos olvida que detrás de los números hay personas.

En definitiva, esta Asamblea considera que una política universitaria centrada en el modelo neoliberal y que se limita a aplicar las reformas impuestas por el gobierno central, las cuales son asumidas de manera más o menos explícita por el propio gobierno andaluz (véase por ejemplo, el Acuerdo con el sistema público por Andalucía, firmado el pasado 19 de junio), sin cuestionarlas, está faltando a su función de ejercer y promover un pensamiento crítico, tan necesario en estos tiempos, y por tanto de constituir un instrumento real de transformación y progreso social.

Por todo ello, esta Asamblea insta al equipo de gobierno de esta universidad a que reoriente su política hacia un nuevo modelo que recupere las auténticas funciones de la universidad pública (que ningún estudiante debería tener que abandonar por razones económicas), una política en la que el capital humano de esta universidad sea protagonista y que contribuya a la (re)construcción de un entorno social, democrático, equitativo, igualitario y sostenible. La “hoja de ruta” anunciada por el secretario general de Universidades (La Vanguardia, 11 de julio de 2013) que pretende iniciar el camino para la transformación de las universidades constituye el próximo reto. Reaccionemos. Todos.

Valoración por la "Asamblea de la Universidad de Jaén por una Universidad Pública” del “Acuerdo con el Sistema Universitario Público por Andalucía”

I. El “Acuerdo con el sistema universitario público por Andalucía”, firmado en Sevilla el 19 de junio de 2013 por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía y las diez Universidades Públicas Andaluzas, en principio es saludado por la Asamblea de la UJA:

    a) Porque supone el reconocimiento por parte de los máximos responsables políticos y universitarios de la grave situación financiera de la universidad pública andaluza. Y, en consecuencia, manifiesta la necesidad de una reacción institucional urgente.

     b) Porque reivindica el importante valor que para la sociedad andaluza ha tenido el disfrute de un sólido sistema universitario en las últimas dos décadas. Y, por ende, sitúa atinadamente su sostenimiento como instrumento estratégico de la Junta de Andalucía en las políticas de amortiguación del impacto social de la crisis económica y como eje fundamental de salida a la misma.

     c) Y, también, porque explicita el compromiso con los fundamentos del actual sistema universitario público: el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior, la firme apuesta por la investigación o la estabilización del personal universitario.

II. Ahora bien, la Asamblea estima que el análisis de la incierta coyuntura que zarandea el sistema público universitario andaluz dista de ser preciso y exhibe un nítido talante ideologizado:

     a) Al achacar a la crisis económica la responsabilidad de la difícil situación del sistema universitario público andaluz, sin detenerse en las causas que exponen al mismo a los vaivenes económicos y presupuestarios, se ocultan los errores de gestión y diseño que han generado la actual situación de debilidad de las universidades públicas andaluzas.

     b) Al ignorar que la apuesta por la privatización de la universidad pública (vía financiación de la privatización al promover el paulatino traslado del coste de los estudios universitarios del estado a las familias; o al externalizar la oferta de estudios de posgrado a través de la financiación de agentes externos al sistema educativo – bancos, empresas, multinacionales, etc.-) y del sistema de producción de ciencia (al perseguir, con escaso éxito incluso en épocas de bonanza económica, la financiación privada de la producción del conocimiento), apenas disimulada tras el espíritu modernizador del denominado proceso de Bolonia, puso parte del sostenimiento del sistema universitario en manos de la financiación y los intereses privados. Flujos de inversión de origen particular que en años de vacas flacas se retiran a lugares más rentables.

     c) Al ocultar que algunos de los desequilibrios de diseño del sistema universitario andaluz (un aparato burocrático sobredimensionado, un mapa de titulaciones poco especializado, la mixtificación entre campus y ladrillazo, etc.) se hallan estrechamente vinculados a la gestión de los equipos de gobierno de las distintas universidades, cuando no a la injerencia de intereses extraños a la universidad. Rutilante prueba de esto, la decisión del Gobierno de la Junta de Andalucía, con la connivencia de los rectores, de implantar el grado de Medicina en tres universidades más de la comunidad.

     d) Al despreciar el coste a pagar por la transmutación economicista de la universidad. La conversión de la universidad en epicentro de la actividad económica y, por ende, en eje de crecimiento económico, ha significado su subordinación funcional y simbólica -a través del ideologema del emprendimiento- a la iniciativa privada y a particulares intereses mercantiles. Por esta senda, el desacople entre los tiempos de la producción y transmisión del conocimiento y la tecnología y los requerimientos perentorios de la atascada economía andaluza y española, abrió una vía de deslegitimación social en la institución.

    e) Por último al cargar todo el acento de los males de la universidad en la coyuntura económica, se ignora el componente político de la erosión del sistema universitario andaluz: pues la asfixia presupuestaria de la Comunidad Autónoma Andaluza, y con ella de todo el sector educativo, viene en gran medida provocada por el injusto tratamiento fiscal de la política territorial del Gobierno del Reino de España.

III. A tenor de esto, la Asamblea, reconociendo la oportunidad de la iniciativa, desestima el espíritu y la mayor parte del contenido de un acuerdo más atento a intereses empresariales que a la defensa de la universidad pública:

    E insta a que los Rectores de las universidades y el gobierno andaluz emprendan, desde el compromiso con la función social de la universidad europea y desde la toma de conciencia del atasco estructural del modelo económico de la globalización, la reorientación del modelo neoliberal de universidad surgido de “Bolonia”, culpable principal del atolladero ontológico y material en que se encuentra hoy el sistema universitario público.

    Asimismo, ante la naturaleza mercantilista del acuerdo suscrito, la Asamblea de la Universidad de Jaén realiza un llamamiento a la movilización de la comunidad universitaria en defensa del sistema público universitario.

Del polígono al valle

La reforma de las becas universitarias: consecuencias perversas para la igualdad de oportunidades

POR MANUEL ÁNGEL RÍO RUIZ
PUBLICADO EN ELDIARIO.ES EL 14/06/2013 - 20:08 CEST


Meritocracia clasista. Cambio continuo en las reglas de la competición a mitad de partido. Utilización ministerial de más adjetivos que datos a la hora de justificar las reformas. Estas tres expresiones condensan valoraciones que son recurrentes entre estudiantes andaluces de clases populares entrevistados sobre las consecuencias de los cambios del sistema de becas en sus posibilidades y condiciones de estudio.

La política de becas vigente desde 1983 presentaba déficits susceptibles de mejoras que ahora tampoco se emprenden. Entre ellos: la escasa tasa de cobertura de las ayudas, la insuficiencia de la mayoría de las becas a la hora de compensar los costes de oportunidad derivados de la dedicación plena al oficio de estudiante sobrecargado de responsabilidades tras nuestra particular adaptación al Plan Bolonia, así como los retrasos en la resolución y percepción de las ayudas.

Pese a estos déficits, nuestra política de becas había gozado de un importante consenso, considerándose un instrumento necesario y eficiente de lucha contra la desigualdad de oportunidades educativas que combinaba la necesaria solidaridad con la exigencia individual. Por un lado, su existencia contribuía a minorar las desigualdades entre los jóvenes a la hora de proyectarse en el porvenir escolar y de afrontar los costes derivados de las enseñanzas postobligatorias. Esta era la finalidad esencial del sistema, hoy gravemente cuestionada.

Por otro, una vez garantizado el acceso a las ayudas siempre que se objetivara administrativamente la necesidad social de los solicitantes, las becas promovían la rendición de cuentas. Actuaban como incentivo al rendimiento en el sistema educativo de los escolarmente heterogéneos individuos integrantes de los grupos socialmente desaventajados, y por ello favorecidos por las ayudas. En todas las ramas universitarias, incluso en las consideradas más difíciles, los becarios reúnen mayores porcentajes de créditos superados que sus compañeros. El ministro Wert habría faltado más de una vez a la verdad a la hora de justificar las reformas en las condiciones de preservación y acceso a la becas bajo pretextos como el de que para disfrutar de éstas no se exigían apenas esfuerzos, bastando con ser pobre.

Puede que en el Ministerio de Educación no se alberguen dudas sobre los efectos de las nuevas exigencias para acceder y conservar becas –endurecidas para el curso 2013/2014, cuando se nos comunica que también se reducirán sustancialmente las cuantías de las ayudas compensatorias y de movilidad– en la intensificación del esfuerzo estudiantil; en realidad sólo exigido a un tipo cada vez más discriminado de estudiantes que lleva meses planteándose, como nunca antes, qué clase de promoción de la excelencia es aquella que exige más para poder optar a becas a una hija de jornalero que a un hijo, en cambio, de una cirujana sí capacitada económicamente para afrontar los costes directos e indirectos derivados de los estudios filiales sin necesidad alguna de ayudas públicas.

La ciudadanía tampoco debiera albergar dudas de que estas reformas, ya reconocidas como un “cambio de modelo”, multiplicarán las condiciones para la desigualdad de oportunidades educativas. El clima de inseguridad generado por las reformas está promoviendo limitaciones de los proyectos y de las aspiraciones formativas por motivos económicos. A la hora de acceder, las limitaciones se manifiestan incluso en casos de estudiantes brillantes, un día decididos a emprender unas apuestas universitarias que hoy se complican y fragilizan ante las restricciones de las becas, el hundimiento de las rentas familiares, y el encarecimiento (en algunas comunidades muy importante) de las tasas.

Las inequidades introducidas por la reforman también afectan a quienes muchas veces se plantean abandonar, pero aún siguen compitiendo por mantenerse mediante becas cuyos nuevos requisitos, además, llevan varios años anunciándose cuando finalizan los cursos. Entre los que vieron la universidad asistimos, además de a limitaciones, a una precarización de sus condiciones de estudio. Ello se materializa, por ejemplo, en proyectos migratorios hacia títulos considerados más fáciles para mantenerse con becas, en la primacía de la cercanía sobre la movilidad ante las mayores inseguridades para preservarlas, en la puesta en marcha de estrategias de ahorro que perjudican el rendimiento estudiantil, como el abandono de las residencias en las ciudades universitarias a costa de penosos desplazamientos diarios desde los pueblos, o el regreso a viejas prácticas autodidactas de preparación de exámenes desde casa.

En suma, con cambios como los introducidos en el sistema de becas en un contexto de crisis y elevación de tasas universitarias, se está amenazando seriamente el cumplimiento de una de las principales funciones de la universidad pública: la selección neutral de los estudiantes más capacitados mediante la neutralización, a través de instrumentos como las becas, de las dinámicas de selección social y de desigualdad de oportunidades a la hora de acceder a los escalones superiores del sistema educativo.

Expulsados de la Universidad

POR CONCHA CABALLERO
PUBLICADO EN EL PAÍS EL 15 JUN 2013 - 20:18 CET


No hay cifras totales. Vamos conociendo cifras parciales: 6.000 en Madrid, 4.500 entre Sevilla y Málaga, una cifra similar en Barcelona… Es posible que entre 50.000 y 70.000 estudiantes hayan sido expulsados de la Universidad este año porque su matrícula ha sido anulada. Un tajo brutal, una sangría de talentos, un golpe sin rostro a la igualdad de oportunidades en toda la cara.

Los servicios administrativos hicieron su trabajo. Un buen día, un estudiante de Medicina, de Derecho o de cualquier otra especialidad intentó entrar con su clave en la web del centro y ya no respondía. Su facultad ya no les pertenece e inician un peregrinaje por los departamentos y la secretaría del centro. Algunos profesores prestan el dinero de la matrícula. Otros prometen guardar exámenes, buscar fórmulas para que sigan en las aulas. Alguno escribe un alegato en el que las palabras sucias tienen justificación plena: “Esto es una puta mierda”.

Las palabras “anulación de matrícula” tienen un nuevo contenido. Antes se debía a un cambio de planes del alumnado pero las nuevas anulaciones son solo cuestión de dinero, money, pasta o parné. La matrícula se anula porque se le ha denegado al estudiante la beca solicitada o porque fraccionó el pago y ahora no tiene efectivo para pagar el siguiente plazo. Hace unos meses una de mis alumnas brillantísimas, que cursaba con excelentes resultados su carrera, ha abandonado los estudios. Tenía una beca del Ministerio de Educación pero no le habían abonado ni un euro de la ayuda concedida y su familia no podía pagar el gasto de transporte, libros y material necesario. La hemos buscado sin éxito. El estigma económico es también muy difícil de llevar. Se sienten humillados y responsables.

Esto no es el efecto de la crisis. No. Ningún país en su sano juicio sube las tasas universitarias, reduce las becas y malpaga sus ayudas en el momento más difícil para la ciudadanía. Esto es un efecto buscado, un cambio en el modelo universitario, un desmontaje a conciencia de cualquier atisbo de igualdad social junto a una equinoccial locura de reducir el número de estudiantes universitarios.


El ministerio ha contestado con desprecio: “hay estudiantes que firman el examen en blanco y cobran la beca”. Una nueva y radical mentira de la factoría de ficción Wert, experta en desprestigiar lo público y justificar el clasismo más rotundo. Emplean la ironía para justificar la subida de notas necesaria para obtener ayudas: “Si sacaran matrículas de honor, no tendrían problemas para obtener becas”, argumentan desde un sentido común lleno de pasado, de involución y de sociedad añeja.

Y es que aquí está el verdadero quid de la cuestión. Desde que existe la Universidad y la escuela, existen las becas. Los grandes señores, desde tiempo inmemorial becaban a aquellos hijos de las clases populares que fueran excepcionalmente inteligentes a cambio de que sus resultados fueran excelentes, sin tropiezo alguno. La diferencia entre una sociedad estamental, clasista y autoritaria y una sociedad democrática es la igualdad de oportunidades. Se supone que una sociedad democrática facilita el acceso a los estudios superiores y la cultura a los que menos tienen, cumpliendo unos requisitos razonables, pero no excepcionales.

A Laura, una chica que está en tercero de grado, le han denegado la beca. Ha aprobado con buena nota 11 créditos de su curso, pero ha suspendido dos de ellos. Este simple tropiezo va a dar al traste con su vida. Por 1.000 euros se va a abrir un abismo entre ella y sus sueños.

Espero, y más que esperar exijo, que en Andalucía, donde se cuestiona esta política educativa, el Gobierno y los rectores universitarios acuerden urgentemente una solución y estos miles de estudiantes expulsados por motivos económicos puedan volver a sus aulas. Porque esto no es excelencia, ni calidad, ni cultura del esfuerzo. Es simplemente un clasismo redivivo, una limpieza elitista de las aulas, un cambio de modelo social insoportable. Una puta mierda, con perdón. O mejor dicho, sin perdón.