POR MANUEL ÁNGEL RÍO RUIZ
PUBLICADO EN ELDIARIO.ES EL 14/06/2013 - 20:08 CEST
Meritocracia clasista. Cambio continuo en las reglas de la competición a mitad de partido. Utilización ministerial de más adjetivos que datos a la hora de justificar las reformas. Estas tres expresiones condensan valoraciones que son recurrentes entre estudiantes andaluces de clases populares entrevistados sobre las consecuencias de los cambios del sistema de becas en sus posibilidades y condiciones de estudio.
La política de becas vigente desde 1983 presentaba déficits susceptibles de mejoras que ahora tampoco se emprenden. Entre ellos: la escasa tasa de cobertura de las ayudas, la insuficiencia de la mayoría de las becas a la hora de compensar los costes de oportunidad derivados de la dedicación plena al oficio de estudiante sobrecargado de responsabilidades tras nuestra particular adaptación al Plan Bolonia, así como los retrasos en la resolución y percepción de las ayudas.
Pese a estos déficits, nuestra política de becas había gozado de un importante consenso, considerándose un instrumento necesario y eficiente de lucha contra la desigualdad de oportunidades educativas que combinaba la necesaria solidaridad con la exigencia individual. Por un lado, su existencia contribuía a minorar las desigualdades entre los jóvenes a la hora de proyectarse en el porvenir escolar y de afrontar los costes derivados de las enseñanzas postobligatorias. Esta era la finalidad esencial del sistema, hoy gravemente cuestionada.
Por otro, una vez garantizado el acceso a las ayudas siempre que se objetivara administrativamente la necesidad social de los solicitantes, las becas promovían la rendición de cuentas. Actuaban como incentivo al rendimiento en el sistema educativo de los escolarmente heterogéneos individuos integrantes de los grupos socialmente desaventajados, y por ello favorecidos por las ayudas. En todas las ramas universitarias, incluso en las consideradas más difíciles, los becarios reúnen mayores porcentajes de créditos superados que sus compañeros. El ministro Wert habría faltado más de una vez a la verdad a la hora de justificar las reformas en las condiciones de preservación y acceso a la becas bajo pretextos como el de que para disfrutar de éstas no se exigían apenas esfuerzos, bastando con ser pobre.
Puede que en el Ministerio de Educación no se alberguen dudas sobre los efectos de las nuevas exigencias para acceder y conservar becas –endurecidas para el curso 2013/2014, cuando se nos comunica que también se reducirán sustancialmente las cuantías de las ayudas compensatorias y de movilidad– en la intensificación del esfuerzo estudiantil; en realidad sólo exigido a un tipo cada vez más discriminado de estudiantes que lleva meses planteándose, como nunca antes, qué clase de promoción de la excelencia es aquella que exige más para poder optar a becas a una hija de jornalero que a un hijo, en cambio, de una cirujana sí capacitada económicamente para afrontar los costes directos e indirectos derivados de los estudios filiales sin necesidad alguna de ayudas públicas.
La ciudadanía tampoco debiera albergar dudas de que estas reformas, ya reconocidas como un “cambio de modelo”, multiplicarán las condiciones para la desigualdad de oportunidades educativas. El clima de inseguridad generado por las reformas está promoviendo limitaciones de los proyectos y de las aspiraciones formativas por motivos económicos. A la hora de acceder, las limitaciones se manifiestan incluso en casos de estudiantes brillantes, un día decididos a emprender unas apuestas universitarias que hoy se complican y fragilizan ante las restricciones de las becas, el hundimiento de las rentas familiares, y el encarecimiento (en algunas comunidades muy importante) de las tasas.
Las inequidades introducidas por la reforman también afectan a quienes muchas veces se plantean abandonar, pero aún siguen compitiendo por mantenerse mediante becas cuyos nuevos requisitos, además, llevan varios años anunciándose cuando finalizan los cursos. Entre los que vieron la universidad asistimos, además de a limitaciones, a una precarización de sus condiciones de estudio. Ello se materializa, por ejemplo, en proyectos migratorios hacia títulos considerados más fáciles para mantenerse con becas, en la primacía de la cercanía sobre la movilidad ante las mayores inseguridades para preservarlas, en la puesta en marcha de estrategias de ahorro que perjudican el rendimiento estudiantil, como el abandono de las residencias en las ciudades universitarias a costa de penosos desplazamientos diarios desde los pueblos, o el regreso a viejas prácticas autodidactas de preparación de exámenes desde casa.
En suma, con cambios como los introducidos en el sistema de becas en un contexto de crisis y elevación de tasas universitarias, se está amenazando seriamente el cumplimiento de una de las principales funciones de la universidad pública: la selección neutral de los estudiantes más capacitados mediante la neutralización, a través de instrumentos como las becas, de las dinámicas de selección social y de desigualdad de oportunidades a la hora de acceder a los escalones superiores del sistema educativo.
martes, 18 de junio de 2013
Expulsados de la Universidad
POR CONCHA CABALLERO
PUBLICADO EN EL PAÍS EL 15 JUN 2013 - 20:18 CET
No hay cifras totales. Vamos conociendo cifras parciales: 6.000 en Madrid, 4.500 entre Sevilla y Málaga, una cifra similar en Barcelona… Es posible que entre 50.000 y 70.000 estudiantes hayan sido expulsados de la Universidad este año porque su matrícula ha sido anulada. Un tajo brutal, una sangría de talentos, un golpe sin rostro a la igualdad de oportunidades en toda la cara.
Los servicios administrativos hicieron su trabajo. Un buen día, un estudiante de Medicina, de Derecho o de cualquier otra especialidad intentó entrar con su clave en la web del centro y ya no respondía. Su facultad ya no les pertenece e inician un peregrinaje por los departamentos y la secretaría del centro. Algunos profesores prestan el dinero de la matrícula. Otros prometen guardar exámenes, buscar fórmulas para que sigan en las aulas. Alguno escribe un alegato en el que las palabras sucias tienen justificación plena: “Esto es una puta mierda”.
Las palabras “anulación de matrícula” tienen un nuevo contenido. Antes se debía a un cambio de planes del alumnado pero las nuevas anulaciones son solo cuestión de dinero, money, pasta o parné. La matrícula se anula porque se le ha denegado al estudiante la beca solicitada o porque fraccionó el pago y ahora no tiene efectivo para pagar el siguiente plazo. Hace unos meses una de mis alumnas brillantísimas, que cursaba con excelentes resultados su carrera, ha abandonado los estudios. Tenía una beca del Ministerio de Educación pero no le habían abonado ni un euro de la ayuda concedida y su familia no podía pagar el gasto de transporte, libros y material necesario. La hemos buscado sin éxito. El estigma económico es también muy difícil de llevar. Se sienten humillados y responsables.
Esto no es el efecto de la crisis. No. Ningún país en su sano juicio sube las tasas universitarias, reduce las becas y malpaga sus ayudas en el momento más difícil para la ciudadanía. Esto es un efecto buscado, un cambio en el modelo universitario, un desmontaje a conciencia de cualquier atisbo de igualdad social junto a una equinoccial locura de reducir el número de estudiantes universitarios.
El ministerio ha contestado con desprecio: “hay estudiantes que firman el examen en blanco y cobran la beca”. Una nueva y radical mentira de la factoría de ficción Wert, experta en desprestigiar lo público y justificar el clasismo más rotundo. Emplean la ironía para justificar la subida de notas necesaria para obtener ayudas: “Si sacaran matrículas de honor, no tendrían problemas para obtener becas”, argumentan desde un sentido común lleno de pasado, de involución y de sociedad añeja.
Y es que aquí está el verdadero quid de la cuestión. Desde que existe la Universidad y la escuela, existen las becas. Los grandes señores, desde tiempo inmemorial becaban a aquellos hijos de las clases populares que fueran excepcionalmente inteligentes a cambio de que sus resultados fueran excelentes, sin tropiezo alguno. La diferencia entre una sociedad estamental, clasista y autoritaria y una sociedad democrática es la igualdad de oportunidades. Se supone que una sociedad democrática facilita el acceso a los estudios superiores y la cultura a los que menos tienen, cumpliendo unos requisitos razonables, pero no excepcionales.
A Laura, una chica que está en tercero de grado, le han denegado la beca. Ha aprobado con buena nota 11 créditos de su curso, pero ha suspendido dos de ellos. Este simple tropiezo va a dar al traste con su vida. Por 1.000 euros se va a abrir un abismo entre ella y sus sueños.
Espero, y más que esperar exijo, que en Andalucía, donde se cuestiona esta política educativa, el Gobierno y los rectores universitarios acuerden urgentemente una solución y estos miles de estudiantes expulsados por motivos económicos puedan volver a sus aulas. Porque esto no es excelencia, ni calidad, ni cultura del esfuerzo. Es simplemente un clasismo redivivo, una limpieza elitista de las aulas, un cambio de modelo social insoportable. Una puta mierda, con perdón. O mejor dicho, sin perdón.
PUBLICADO EN EL PAÍS EL 15 JUN 2013 - 20:18 CET
No hay cifras totales. Vamos conociendo cifras parciales: 6.000 en Madrid, 4.500 entre Sevilla y Málaga, una cifra similar en Barcelona… Es posible que entre 50.000 y 70.000 estudiantes hayan sido expulsados de la Universidad este año porque su matrícula ha sido anulada. Un tajo brutal, una sangría de talentos, un golpe sin rostro a la igualdad de oportunidades en toda la cara.
Los servicios administrativos hicieron su trabajo. Un buen día, un estudiante de Medicina, de Derecho o de cualquier otra especialidad intentó entrar con su clave en la web del centro y ya no respondía. Su facultad ya no les pertenece e inician un peregrinaje por los departamentos y la secretaría del centro. Algunos profesores prestan el dinero de la matrícula. Otros prometen guardar exámenes, buscar fórmulas para que sigan en las aulas. Alguno escribe un alegato en el que las palabras sucias tienen justificación plena: “Esto es una puta mierda”.
Las palabras “anulación de matrícula” tienen un nuevo contenido. Antes se debía a un cambio de planes del alumnado pero las nuevas anulaciones son solo cuestión de dinero, money, pasta o parné. La matrícula se anula porque se le ha denegado al estudiante la beca solicitada o porque fraccionó el pago y ahora no tiene efectivo para pagar el siguiente plazo. Hace unos meses una de mis alumnas brillantísimas, que cursaba con excelentes resultados su carrera, ha abandonado los estudios. Tenía una beca del Ministerio de Educación pero no le habían abonado ni un euro de la ayuda concedida y su familia no podía pagar el gasto de transporte, libros y material necesario. La hemos buscado sin éxito. El estigma económico es también muy difícil de llevar. Se sienten humillados y responsables.
Esto no es el efecto de la crisis. No. Ningún país en su sano juicio sube las tasas universitarias, reduce las becas y malpaga sus ayudas en el momento más difícil para la ciudadanía. Esto es un efecto buscado, un cambio en el modelo universitario, un desmontaje a conciencia de cualquier atisbo de igualdad social junto a una equinoccial locura de reducir el número de estudiantes universitarios.
El ministerio ha contestado con desprecio: “hay estudiantes que firman el examen en blanco y cobran la beca”. Una nueva y radical mentira de la factoría de ficción Wert, experta en desprestigiar lo público y justificar el clasismo más rotundo. Emplean la ironía para justificar la subida de notas necesaria para obtener ayudas: “Si sacaran matrículas de honor, no tendrían problemas para obtener becas”, argumentan desde un sentido común lleno de pasado, de involución y de sociedad añeja.
Y es que aquí está el verdadero quid de la cuestión. Desde que existe la Universidad y la escuela, existen las becas. Los grandes señores, desde tiempo inmemorial becaban a aquellos hijos de las clases populares que fueran excepcionalmente inteligentes a cambio de que sus resultados fueran excelentes, sin tropiezo alguno. La diferencia entre una sociedad estamental, clasista y autoritaria y una sociedad democrática es la igualdad de oportunidades. Se supone que una sociedad democrática facilita el acceso a los estudios superiores y la cultura a los que menos tienen, cumpliendo unos requisitos razonables, pero no excepcionales.
A Laura, una chica que está en tercero de grado, le han denegado la beca. Ha aprobado con buena nota 11 créditos de su curso, pero ha suspendido dos de ellos. Este simple tropiezo va a dar al traste con su vida. Por 1.000 euros se va a abrir un abismo entre ella y sus sueños.
Espero, y más que esperar exijo, que en Andalucía, donde se cuestiona esta política educativa, el Gobierno y los rectores universitarios acuerden urgentemente una solución y estos miles de estudiantes expulsados por motivos económicos puedan volver a sus aulas. Porque esto no es excelencia, ni calidad, ni cultura del esfuerzo. Es simplemente un clasismo redivivo, una limpieza elitista de las aulas, un cambio de modelo social insoportable. Una puta mierda, con perdón. O mejor dicho, sin perdón.
jueves, 13 de junio de 2013
¿La primavera más triste de las universidades andaluzas?
El endurecimiento en el acceso a las becas de estudio –en el curso académico 2012-13 han sido denegadas 44.072 becas en los campus universitarios de Andalucía- y la desinversión en la educación superior, instrumentos de la quirúrgica austericida del Gobierno del Reino de España, son los principales responsables de tal situación. De no mediar remedio las familias más pobres y golpeadas por la crisis quedarán excluidas de los campus universitarios. Y un derecho estatutario más, el de la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación quedará arrumbado. Con ello el magullado y empobrecido cuerpo social andaluz sufrirá otro golpe.
La Asamblea de la Universidad de Jaén en defensa de una universidad pública, consciente y sensible ante los dramáticos efectos sociales de esta situación, requiere una respuesta a los máximos responsables políticos del sistema universitario público andaluz. Por ende, demanda la inmediata reacción de los Rectorados de las universidades públicas andaluzas. Y exige a la Consejería de Economía que actué de inmediato para garantizar que ninguna persona vea cercenado en el presente como en el futuro el derecho a una formación y a una trayectoria vital plena.
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[1] Así, la Universidad Pablo de Olavide, buque insigne de la calidad universitaria en la comunidad, ha expulsado 700 alumnos; en la Universidad de Sevilla 2.500 estudiantes en situación de impago corren serios riesgos; y la Universidad de Jaén ha anulado la matrícula a 394 estudiantes.
[2] El Estatuto de Autonomía para Andalucía en su título I [Derechos sociales, deberes y políticas públicas] reconoce en el Artículo 21 (Educación) el derecho de todos los andaluces “a acceder en condiciones de igualdad a los centros sostenidos con fondos públicos”; y prevé que “Las universidades públicas de Andalucía garantizarán, en los términos que establezca la ley, el acceso de todos a las mismas en condiciones de igualdad”.
jueves, 30 de mayo de 2013
Somnolencia universitaria
Artículo aparecido en El País, el 25 de mayo de 2013, por Jordi Matas Dalmases.
En el informe Universidad 2000, dirigido por Josep Maria Bricall hace más de una década, se afirmaba que “la Universidad forma parte de la sociedad, comparte sus aspiraciones y sus dificultades, y es un lugar privilegiado para plantear y ayudar a la resolución de problemas sociales”. El profesor Bricall consideraba que “la Universidad no se debe contentar con adaptarse de forma pasiva a la evolución social, sino que debe tomar parte activa en la misma en estrecho diálogo y cooperación con las demás entidades sociales, económicas, culturales y políticas”. Un diálogo basado en “el estudio de problemas y la sugerencia de respuestas, el intercambio de formación, la movilización de la sociedad y el compromiso de poner en práctica las acciones que puedan acordarse colectivamente”.
En un contexto de crisis económica, política, institucional, social y de valores, la relectura de estas reflexiones de Bricall nos lleva a cuestionar si las universidades están cumpliendo su función de poner el conocimiento al servicio del progreso social y de ser foro de debate para tratar de buscar alternativas a las dificultades sociales. ¿Se han celebrado congresos, convenciones, conferencias o simposios universitarios para analizar a fondo, de manera interdisciplinaria, nuestra crisis sistémica? ¿Se aportan desde las universidades ideas y propuestas eficaces para cambiar el rumbo de las políticas erráticas de nuestros Gobiernos? Desgraciadamente, nuestras universidades están cada vez más aisladas, más replegadas en sí mismas y son incapaces de colaborar activamente en la resolución de los dilemas sociales.
as políticas universitarias impulsadas por los Gobiernos español y catalán están transformando las universidades en centros escolares de formación multidisciplinar con un profesorado mayoritariamente dócil, obediente, acrítico e intelectualmente desarmado. El discurso oficial de la innovación, el emprendimiento, la gobernanza y la excelencia universitaria contrasta con la inexistencia de indicadores y datos sobre la contribución de las universidades al desarrollo social y cultural.
Las políticas universitarias crean una imagen ilusoria que mantiene nuestro sistema universitario en lo alto de una ficticia torre de marfil mirando con desdén el drama cotidiano causado por la crisis terrenal. Nuestros Gobiernos quieren convertir las universidades en un territorio de pensamiento yermo y estéril, sin opinión crítica ni capacidad para rebelarse. Y las universidades asienten. Y sus consejos sociales, que deberían cuidar y fortalecer las relaciones entre la Universidad y la sociedad, también.
Muchos profesores e investigadores universitarios están más pendientes de la burocracia universitaria, derivada de una mala aplicación del llamado Proceso de Bolonia y de una supuesta modernización pedagógica, que de dedicar esfuerzos a resolver o amortiguar los efectos de las crisis poliédricas. Otros se desviven siguiendo las absurdas pautas de un currículum universitario oficial que genera una obsesión colectiva por publicar en revistas científicas de impacto incierto y que, en cambio, menosprecia el trabajo universitario (cualquiera que sea su formato) destinado a producir un impacto social real y positivo. Y también están los que concentran su actividad en ganar dinero extra participando en tertulias que banalizan la reflexión científica y que a menudo convierten al buen investigador en charlatán dogmático.
¿Dónde está el diálogo y la cooperación de la Universidad con las entidades sociales y políticas que ya reclamaba el informe Universidad 2000? ¿Dónde está el compromiso de las universidades para mejorar el funcionamiento de nuestra democracia y contribuir al bienestar social? ¿Dónde está la conexión de la actividad científica con los problemas y las inquietudes sociales? ¿Dónde está la identidad de la Universidad? Nos hallamos ante un preocupante estado de somnolencia universitaria. Las universidades han dejado de ser el motor del progreso social y participan de una apatía colectiva que alimenta actitudes de resignación y sometimiento. Hay que reaccionar inmediatamente, generar ideas y recuperar la capacidad transformadora del pensamiento crítico.
En el informe Universidad 2000, dirigido por Josep Maria Bricall hace más de una década, se afirmaba que “la Universidad forma parte de la sociedad, comparte sus aspiraciones y sus dificultades, y es un lugar privilegiado para plantear y ayudar a la resolución de problemas sociales”. El profesor Bricall consideraba que “la Universidad no se debe contentar con adaptarse de forma pasiva a la evolución social, sino que debe tomar parte activa en la misma en estrecho diálogo y cooperación con las demás entidades sociales, económicas, culturales y políticas”. Un diálogo basado en “el estudio de problemas y la sugerencia de respuestas, el intercambio de formación, la movilización de la sociedad y el compromiso de poner en práctica las acciones que puedan acordarse colectivamente”.
En un contexto de crisis económica, política, institucional, social y de valores, la relectura de estas reflexiones de Bricall nos lleva a cuestionar si las universidades están cumpliendo su función de poner el conocimiento al servicio del progreso social y de ser foro de debate para tratar de buscar alternativas a las dificultades sociales. ¿Se han celebrado congresos, convenciones, conferencias o simposios universitarios para analizar a fondo, de manera interdisciplinaria, nuestra crisis sistémica? ¿Se aportan desde las universidades ideas y propuestas eficaces para cambiar el rumbo de las políticas erráticas de nuestros Gobiernos? Desgraciadamente, nuestras universidades están cada vez más aisladas, más replegadas en sí mismas y son incapaces de colaborar activamente en la resolución de los dilemas sociales.
as políticas universitarias impulsadas por los Gobiernos español y catalán están transformando las universidades en centros escolares de formación multidisciplinar con un profesorado mayoritariamente dócil, obediente, acrítico e intelectualmente desarmado. El discurso oficial de la innovación, el emprendimiento, la gobernanza y la excelencia universitaria contrasta con la inexistencia de indicadores y datos sobre la contribución de las universidades al desarrollo social y cultural.
Las políticas universitarias crean una imagen ilusoria que mantiene nuestro sistema universitario en lo alto de una ficticia torre de marfil mirando con desdén el drama cotidiano causado por la crisis terrenal. Nuestros Gobiernos quieren convertir las universidades en un territorio de pensamiento yermo y estéril, sin opinión crítica ni capacidad para rebelarse. Y las universidades asienten. Y sus consejos sociales, que deberían cuidar y fortalecer las relaciones entre la Universidad y la sociedad, también.
Muchos profesores e investigadores universitarios están más pendientes de la burocracia universitaria, derivada de una mala aplicación del llamado Proceso de Bolonia y de una supuesta modernización pedagógica, que de dedicar esfuerzos a resolver o amortiguar los efectos de las crisis poliédricas. Otros se desviven siguiendo las absurdas pautas de un currículum universitario oficial que genera una obsesión colectiva por publicar en revistas científicas de impacto incierto y que, en cambio, menosprecia el trabajo universitario (cualquiera que sea su formato) destinado a producir un impacto social real y positivo. Y también están los que concentran su actividad en ganar dinero extra participando en tertulias que banalizan la reflexión científica y que a menudo convierten al buen investigador en charlatán dogmático.
¿Dónde está el diálogo y la cooperación de la Universidad con las entidades sociales y políticas que ya reclamaba el informe Universidad 2000? ¿Dónde está el compromiso de las universidades para mejorar el funcionamiento de nuestra democracia y contribuir al bienestar social? ¿Dónde está la conexión de la actividad científica con los problemas y las inquietudes sociales? ¿Dónde está la identidad de la Universidad? Nos hallamos ante un preocupante estado de somnolencia universitaria. Las universidades han dejado de ser el motor del progreso social y participan de una apatía colectiva que alimenta actitudes de resignación y sometimiento. Hay que reaccionar inmediatamente, generar ideas y recuperar la capacidad transformadora del pensamiento crítico.
Jordi Matas Dalmases catedrático de Ciencia Política de la UB.
viernes, 17 de mayo de 2013
Valoración de la jornada de movilizaciones del 9M
fundamentales de su programa de demolición del estado social, ha sido pospuesta. La renuncia provisional de la aprobación en el Consejo de Ministros de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) debe interpretarse como el reconocimiento gubernamental del fracaso de la reforma de José Ignacio Wert.
Sin duda, la contestación social a una reforma educativa percibida por el grueso
de la opinión pública como clasista, retrógrada e injusta, ha sido fundamental en esta derrota gubernamental. El movimiento en defensa de la educación pública ha tenido un importante papel en este logro de la sociedad ante la política de austericidio del gobierno del PP.
Por todo ello, la Asamblea de la Universidad de Jaén: en defensa de la universidad pública se congratula por la paralización de la reforma educativa que
pretende imponérsenos mediante la LOMCE. Asimismo, muestra su reconocimiento a todas las iniciativas de empoderamiento y movilización ciudadana que la han hecho posible y su intención de seguir sumándose a la lucha contra los ataques que en la actualidad sufre el sistema público de educación.
La jornada de Huelga General Educativa, celebrada con éxito el día 9 de mayo,
ha constituido un hito en dicha lucha ciudadana. La entusiasta y solidaria participación de los estudiantes, de los padres y madres, de los docentes e investigadores y de las organizaciones sindicales más conscientes, así como la participación de todas las etapas educativas, ha sido todo un ejemplo de responsabilidad e inteligencia colectiva.
No obstante, en la ciudad de Jaén la jornada de movilización democrática en
defensa de la educación pública se vio empañada por dos graves incidentes. El primero, sucedido en el campus, tiene que ver con la conculcación del derecho de huelga, dado que la función de los piquetes informativos forma parte del contenido esencial del mismo, tal como reconoce el Tribunal Constitucional (SSTC de 21 de julio de 1997, 254/1988, 37/1998, 17-2, 104/2011, 20-6), de modo que tratar de obstruir su labor cerrando los edificios públicos, fomentando de paso con ello un clima de tensión, no sólo constituye un hecho ilegal sino una medida irresponsable ante la cual pedimos explicaciones a las autoridades académicas, que hasta ahora han manifestado silencio.
El segundo incidente lo constituyó el comportamiento brutal que las fuerzas de orden público mostraron con un centenar de estudiantes que se manifestaban pacíficamente en la Plaza de la Concordia en defensa de sus derechos ciudadanos, y que interrumpió gravemente el desarrollo de la jornada en la ciudad.
Ante la gravedad de lo ocurrido, la Asamblea de la Universidad de Jaén: en
defensa de la universidad pública condena la agresión policial y muestra su honda preocupación ante tales hechos exigiendo que se diriman las responsabilidades oportunas, y entre ellas la dimisión de Juan Lillo, subdelegado de Gobierno en Jaén. La asamblea manifiesta a la vez su solidaridad con las personas que vieron menoscabada su integridad física y moral y, en especial, con el estudiante de nuestro campus que fue violentamente detenido.
Asamblea de la Universidad de Jaén: en defensa de la universidad pública
martes, 7 de mayo de 2013
#9M HUELGA HISTÓRICA EN EDUCACIÓN: TODOS LOS NIVELES, TODOS LOS COLECTIVOS
La Asamblea de la Universidad de Jaén: en defensa de la Universidad Pública surge en un contexto de profundo descontento que atraviesa la sociedad española en general, y la universitaria en particular, debido a los retrocesos en los derechos fundamentales (en este caso, los educativos) impuestos por este gobierno y los anteriores con la excusa de la crisis.
La Asamblea de la UJA manifiesta su compromiso con la educación y la universidad públicas y se adhiere a las acciones en defensa de la misma.
El próximo 9 de mayo, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, integrada por colectivos de profesorado, PAS, alumnado, padres y madres, ha convocado una huelga general de educación (desde Infantil hasta la Universidad) para pedir la retirada del proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOMCE), rechazar la anunciada reforma universitaria (informe Wert) y en contra de los recortes en el sector educativo. Se trata de una huelga histórica, al ser convocada en todos los niveles educativos y por todos los colectivos implicados en el sistema educativo.
La LOMCE considera la educación en términos económicos y mercantilistas, obviando el fin último de la misma, a saber, garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas. La educación pasa de ser considerada un derecho fundamental a ser considerada un bien individual. Es una ley desigualitaria y segregadora: por clase social, por sexo, por lengua, por creencias… y elaborada bajo unos parámetros ideológicos que son los responsables de la crisis (no solo económica, sino también social y política) en la que estamos inmersos.
En todo caso, prepara el camino para el cambio en el modelo de las universidades españolas auspiciado por el informe de los Expertos (Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español), diseñado de forma parcial e interesada y de espaldas a la comunidad universitaria. Se trata de un informe que, como dos de los propios expertos reconocen, vulnera la organización democrática, la libertad de cátedra y la propia autonomía universitaria. Por otra parte, desprecia la labor docente del profesorado universitario y prácticamente ignora al colectivo del personal de administración y servicios, entre otras cosas.
Tomada en su conjunto, se trata de una reforma que intenta consolidar la privatización y mercantilización del sistema educativo español que venimos sufriendo en los últimos años: recortes en financiación, empeoramiento de las condiciones laborales, subida de tasas, disminución de becas, desprestigio de la labor investigadora y docente; y que insiste en mantener unos parámetros socio-económicos que se están demostrando obsoletos, injustos e inviables para el mantenimiento de una sociedad justa, igualitaria y de verdad democrática.
Por todo ello, y por el compromiso de esta Asamblea en defensa de la educación y universidad públicas, nos adherimos a la convocatoria de huelga del 9 de mayo y llamamos a los miembros de la comunidad universitaria a secundarla así como a participar en la manifestación que partirá de la Subdelegación del Gobierno a las 19.00.
viernes, 3 de mayo de 2013
Convocatoria Asamblea 7 de Mayo
Os
convocamos a la reunión de la Asamblea – UJA que tendrá
lugar el próximo martes, 7 de mayo de 2013, de 11.30 a 13.30 en
el aula 13 del B4, para tratar los siguientes asuntos:
- Pronunciamiento de la Asamblea sobre la convocatoria de huelga del día 9 de mayo para todos los niveles educativos.
- Organización de nuevas actividades:
- Publicación editoriales/ boletín.
- Creación de una plataforma de asambleas de universidades andaluzas.
- Renovación de la mesa de la Asamblea.
- Otros.
La
difícil situación actual que estamos atravesando, en la que se
devalúa tanto nuestra actividad docente como investigadora, está
afectando incluso al normal funcionamiento de los departamentos (por
ej., en la organización del POD). Creemos que esta situación merece
un esfuerzo de reflexión e implicación de todos. Por ello os
animamos a participar.
Recibid
un cordial saludo,
Francisco
Gutiérrez García
Elena
Felíu Arquiola
Marichi
Paredes Olay
(Mesa
de la Asamblea)
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